PRUEBAS DE FORMACIÓN ON-LINE

Según la propuesta de Ricardo Petrella recogida por Intermón-Oxfam (2004), los principios sobre los que se asienta la educación para la ciudadanía global son los siguientes:

• La dimensión ética del conocimiento y de los actos.
• La dimensión global de la persona y del ciudadano que implica una ciudadanía democrática, ambiental, paritaria, intercultural, social y justa.
• La solidaridad y la cooperación.
• El bien general sobre el particular.
• El respetar para ser respetado.
• El bien público como una responsabilidad compartida.
• La concepción sistémica y global del planeta y de su desarrollo.
• La defensa del equilibrio medioambiental.
• La valoración positiva de la diversidad.
• El respeto por las minorías.
• El respeto por las señas de identidad.
• La defensa de la justicia y de la equidad.
• La participación en la construcción social.
• El respeto por las normas y valores que favorecen la convivencia.
• El diálogo como base de las relaciones humanas y como recurso de transformación de conflicto y rechazo de la violencia.

Esta propuesta educativa recoge y engloba, por tanto, distintas corrientes pedagógicas de los años ochenta y noventa como la ED, la educación ambiental, la coeducación, la educación intercultural o la educación para la paz y los derechos humanos.

El concepto de consumo responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir. Podemos, sin embargo, sintetizarlo en tres bloques:

• Un Consumo Ético o Crítico, en el que se introduzcan valores como una variante importante a la hora de consumir o de optar por un producto. Hace especial énfasis en la austeridad como un valor en sí mismo.
• Un Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, las famosas “erres” del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y la ganadería ecológicas, la opción por la producción artesana, etc.
• Un Consumo Social o Solidario, en el que entraría también el Comercio Justo, es decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o producido un servicio. Se trata de: pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gentes de otros países como a las más cercanas, en nuestro ámbito local; eliminar la discriminación; potenciar alternativas sociales y de integración, y procurar un nuevo orden económico internacional.

El comercio justo es una forma alternativa que tiene como doble objetivo: mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las reglas injustas del Comercio Internacional.

El Comercio Justo contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores marginados, especialmente en los países socios.

Los principios que defiende el Comercio Justo son: los productores forman parte de cooperativas u organizaciones y funcionan democráticamente; rechazo a la explotación infantil; igualdad entre hombres y mujeres; trabajo digno en el respeto de los derechos humanos; el precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas; los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiación; se valora la calidad y la producción ecológica; respeto al medio ambiente; se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores, y se informa a los consumidores acerca del origen del producto.

Se intenta así evitar las grandes diferencias entre el precio que pagan por un producto los consumidores del primer mundo y el dinero que se les paga a los productores en el Tercer Mundo, además de evitar la explotación de los trabajadores. La novedad del Comercio Justo es que las organizaciones de los países donantes no se limitan a transferir recursos para crear infraestructuras, capacitar o prefinanciar a los grupos productores, sino que participan activamente en la comercialización mediante la importación, distribución o venta directa al público.

Todo ello confiere al Comercio Justo una dimensión holística y transformadora en cuanto que favorece un modelo económico ético y sostenible, es un elemento fiscalizador del comercio internacional, favorece la adopción de buenas prácticas comerciales y genera espacios de denuncia así como de participación y compromiso de los consumidores.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el principal órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las cuestiones de la cooperación al desarrollo. La OCDE es una organización internacional que agrupa a los países económicamente más fuertes del mundo –actualmente lo componen 29–, y que fue fundada en 1961 para conseguir el crecimiento económico estable de sus miembros, así como su bienestar económico y social. Además, pretendía estimular y coordinar los esfuerzos de los países miembros a favor de los países en desarrollo. Dentro de la OCDE, al CAD le corresponde conseguir que esos esfuerzos internacionales sean coordinados, integrados, eficaces y adecuadamente financiados. Se supone que los miembros del CAD tienen algunos objetivos comunes en sus programas de ayuda.

Los miembros actuales del CAD son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Comisión de las Comunidades Europeas, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Participan como observadores permanentes: el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

El CAD desempeña un papel importante en la elaboración de las políticas de cooperación bilateral al desarrollo, ya que no se limita a ser un centro de información, documentación o asesoramiento de los gobiernos, sino que diseña las directrices de la ayuda oficial al desarrollo de los países que lo componen. Puede decirse que, junto con el Banco Mundial y el PNUD, constituye el núcleo donde se elabora la política internacional de cooperación para el desarrollo.

Para ello los órganos del CAD se reúnen con diversos tipos de periodicidad según los diferentes niveles jerárquicos. Los delegados de los países miembros lo hacen con bastante frecuencia, por lo menos 15 veces al año; con periodicidad anual se celebra la reunión a nivel de los ministros responsables en cada gobierno de la cooperación o de las agencias, con el objeto de analizar el trabajo del CAD frente a los actuales problemas. Además, celebra otro tipo de reuniones de trabajo con expertos, grupos específicos de trabajo, redes, etc.

El CAD contribuye a las políticas de ayuda de los países miembros a través de cuatro tipos de actividades:

1. Plantea las directrices generales de política, obligatorias para los miembros en la realización de sus programas de cooperación al desarrollo. Las directrices anteriores a 1992 aparecen recogidas en el documento Manual de la Ayuda al Desarrollo: Principios del CAD para una ayuda eficaz (CAD, 1995). A partir de esa fecha, en la colección “Directrices de Cooperación al Desarrollo”, publica las nuevas orientaciones que se van aprobando.
   
   
2. Realiza revisiones críticas periódicas de los programas de cooperación al desarrollo de los países miembros. Con intervalos de tres años examina:
   – la aplicación por parte de cada miembro de las directrices de las políticas del CAD;
   – la gestión de los programas;
   – la coherencia de las demás políticas con los objetivos del desarrollo;
   – las tendencias en la cantidad y asignación de los recursos.
   
   El CAD publica un resumen de los resultados y conclusiones de estos exámenes que hace a los países miembros.
   
   
3. Ofrece un foro para el diálogo, el intercambio de experiencias y la elaboración de un consenso internacional sobre problemas de política y gestión que sean de interés de los miembros.
   
   
4. Publica estadísticas e informes sobre la ayuda y otros flujos de recursos hacia los países en desarrollo y en transición. Estos datos estadísticos se reconocen como fuentes oficiales para el estudio de la financiación del desarrollo. El informe anual sobre la cooperación al desarrollo (Development Cooperation: Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee) constituye una referencia obligada para el análisis de la evolución de los flujos de cooperación, tanto en cuanto al origen como al destino y formas de canalización de los mismos.
   El documento titulado El papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI (Shaping the 21st Century), recogido en el Informe de 1997, representa el nuevo consenso de los países y agencias donantes que define los objetivos de la cooperación al desarrollo para el próximo siglo, convirtiéndose en referencia fundamental para las políticas de cooperación de los diferentes países donantes. Posteriormente, estos mismos objetivos han sido adoptados de manera común por la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas, que han expresado sus prioridades en materia de cooperación al desarrollo en la publicación 2000. Un mundo mejor para todos. Consecución de los objetivos de desarrollo internacional.
   Dichos objetivos del desarrollo internacional son:
   
   a) Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que viven en la pobreza extrema.
   b) Matricular a todos los niños en la escuela primaria para 2015.
   c) Avanzar hacia la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, eliminando las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para 2005.
   d) Reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes entre 1990 y 2015.
   e) Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.
   f) Dar acceso a servicios de salud reproductiva para 2015 a quienes los necesiten.
   g) Poner en práctica para 2005 estrategias nacionales de desarrollo sostenible a fin de revertir para 2015 la pérdida de recursos ecológicos. A. D.

La propuesta de considerar las categorías centro y periferia como referencias para elaborar la estrategia de desarrollo y para analizar las relaciones entre los países en la economía internacional fue un producto de la escuela estructuralista latinoamericana. Su principal exponente fue la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), donde tuvo una gran influencia el pensamiento del economista argentino Raúl Prebisch.
La preocupación de la CEPAL desde su inicio fue el estudio de los vínculos entre los países industrializados y los que todavía no lo eran, es decir, los del llamado Tercer Mundo. La novedad consistió en introducir el progreso técnico como elemento central del diagnóstico. Frente a las concepciones clásicas que argumentaban la bondad de la especialización de los países de acuerdo a las ventajas comparativas de cada uno, al considerar que no se producían discriminaciones entre quienes se especializaran en exportar materias primas y quienes lo hicieran exportando manufacturas, los estructuralistas plantean que esa especialización no es indiferente y que es necesario distinguir la existencia de un centro y una periferia en la economía mundial.
Centro y periferia se diferencian porque tienen estructuras productivas diferentes: el primero se caracteriza por una estructura diversificada y homogénea; mientras que la segunda, por el contrario, posee una estructura simple y heterogénea. En el centro se genera el progreso técnico y se aplica, con lo que se beneficia de los incrementos de productividad que supone, mientras que la periferia se encuentra supeditada a los avances que se producen en el primero y se beneficia de los mismos no cuando lo quiere y necesita sino cuando se lo permiten.
Según la CEPAL, las relaciones entre centro y periferia se resumen en los siguientes puntos: a) la periferia permanece retrasada por su incapacidad para generar, o integrar, el progreso técnico de la misma manera que lo hace el centro; por ello, la productividad del trabajo aumenta más lentamente en la periferia y, en consecuencia, los sectores productores para la exportación de materias primas, que forman la esencia de la periferia, progresan más lentamente que los sectores productores de manufacturas, que es lo característico del centro; b) en la periferia, los sectores de escasa productividad, como la agricultura de subsistencia, generan un continuo excedente de mano de obra, que presiona a la baja sobre los salarios del sector moderno, lo que, además de hacer que no crezca el mercado interno, disminuye los precios del sector de exportación; c) tanto las diferencias de productividad como la baja de los precios explican la tendencia al aumento de las diferencias entre el ingreso en el centro y la periferia; d) se produce una tendencia al desarrollo desigual entre los polos que forman el sistema (Palma, 1987:62).

1) La relación real de intercambio
La crítica que hacía la CEPAL a la teoría convencional del comercio internacional se basaba en demostrar que la división internacional del trabajo existente: países productores de materias primas, que constituían la periferia, y países productores de manufacturas, que formaban el centro, beneficiaba decididamente a estos últimos. La tesis del deterioro de la relación real de intercambio plantea que el comercio entre el centro y la periferia perjudica a ésta. En este sentido, la CEPAL asumía los resultados de los trabajos de Prebisch y Singer, que, a comienzo de los años 50, señalaron que históricamente los precios de exportación de las materias primas aumentaban más lentamente que los precios de exportación de las manufacturas. Esto implicaba que la relación entre ambos se iba deteriorando y se perjudicaba seriamente la capacidad adquisitiva de los exportadores de materias primas, que se verían obligados a aumentar continuamente los volúmenes de exportación si querían mantener su poder de compra. La base estadística para sostener su tesis era el análisis de la relación de intercambio británica durante el periodo 1873-1938, que había supuesto un cambio con relación a la tendencia anterior, en que los precios de las materias primas habían crecido más que las manufacturas.
La explicación de este comportamiento de la relación real de intercambio se encontraba, según dichos autores, en los siguientes factores: a) en lo que respecta a la demanda, el hecho es que la demanda de manufacturas crece más rápidamente que la de materias primas: primero, porque el crecimiento de la demanda según se incrementa el ingreso es inferior en los productos básicos que en las manufacturas; segundo, porque según avanza el progreso técnico se necesitan menos materias primas para la fabricación de manufacturas; y, b) en lo que respecta a la oferta, las diferencias estructurales ya señaladas hacían que el centro se apropiara de los incrementos de productividad consiguiendo aumentar los ingresos del capital (beneficios) y del trabajo (salarios), sin reducir los precios; mientras que en los países de la periferia los escasos incrementos de productividad no se traducían en un aumento de los salarios, entre otras cosas por la falta de poder negociador de los trabajadores, con lo que los empresarios podían aumentar sus beneficios y, al mismo tiempo, disminuir los precios (Martínez y Vidal, 1995: 362-6).
Aunque la evidencia empírica de esta tesis ha sido muy debatida, lo cierto es que en las décadas de los 50 y 60 el deterioro fue real, produciéndose una agudización del mismo en la década de los 80. Varios estudios recientes aportan datos que confirman la hipótesis de que los términos de intercambio evolucionan negativamente para los bienes primarios. En todo caso, si se excluye la evolución de los precios del petróleo, no hay duda de que los datos corroboran el descenso continuo de la tendencia de la relación de intercambio después de la II Guerra Mundial.
De aquí que la CEPAL se planteara la necesidad de emprender un camino a la industrialización para conseguir el desarrollo y romper una situación de división internacional del trabajo que condenaba a los países a permanecer en la periferia y a ver progresivamente empeorada su situación respecto a los países ya industrializados. La respuesta fue el planteamiento de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones.
La tesis del comportamiento centro-periferia tuvo una gran influencia y fue recogida por muchos economistas y científicos sociales que se dedicaban al estudio de las cuestiones del desarrollo. Posteriormente, hacia los años 60, dio pie a la escuela denominada de la dependencia, que enfatizaba el obstáculo que suponía para el desarrollo de los países el comportamiento de las economías industrializadas. Dentro de la escuela se dieron diversas tendencias en la explicación de cómo se producía la relación de dependencia de la periferia respecto al centro.

2) La visión centro-periferia en la actualidad
Actualmente tiene menos importancia el comercio internacional entre diferentes sectores e industrias de diferentes países, por lo que algunos de los presupuestos de la visión centro-periferia deben acomodarse a los nuevos escenarios. Progresivamente ha ido creciendo el comercio internacional dentro de una misma industria e, incluso, dentro de la propia empresa, cuando ésta adquiere la dimensión de transnacional. Las empresas transnacionales, al instalar empresas subsidiarias en la periferia, desdibujan las condiciones tradicionales del intercambio de productos primarios desde las periferias por productos manufacturados desde los centros. Aunque los términos de intercambio siguen respondiendo a las predicciones de la teoría cepalina, el sistema centro-periferia pasa a responder a otra lógica a medida que el comercio de bienes entre sectores pierde importancia.
Los cambios y las revoluciones tecnológicas se siguen gestando en el seno de sociedades políticamente unificadas, es decir, en los estados, y responden a las condiciones que ellas ofrecen. Desde este punto de vista, el centro, fuente de la presente revolución tecnológica, sigue estando formado por los mismos países que han hegemonizado las relaciones económicas durante este siglo XX. Por su parte, la periferia se ha ido diferenciando en diversos estratos de industrialización y desarrollo, como pueden ser, en orden del nivel más elevado al inferior: los países del Sudeste asiático, las economías latinoamericanas y los países del África Subsahariana. Lo que interesa dentro de la perspectiva centro-periferia es, en última instancia, el impacto del cambio tecnológico del centro sobre el empleo y la equidad en la periferia. Hasta el presente la desigualdad está aumentando en los últimos años y, aunque no pueda darse por consolidado que el nuevo escenario mundial esté generando una nueva versión de relaciones asimétricas en la que el centro consolide su hegemonía y siga aumentando la distancia económica con la periferia, lo que es evidente es que el cambio técnico generado en el centro y su forma de difusión internacional debe tenerse en cuenta más que nunca si se quiere entender el orden internacional emergente (Filippo, 1998). A. D.

Condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política.
Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre los individuos y un Estado determinado. Sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una forma universalizada de ciudadanía, que trasciende los límites de la pertenencia al Estado tanto en sentido nominal como territorial.
Los derechos humanos deben incluir así un derecho básico a la ciudadanía, que actualmente se formula sólo negativamente como el derecho a no ser privado de la nacionalidad. Este derecho podría reformularse como un derecho positivo, como el derecho de acceso a la “ciudadanía sustancial”, es decir, el derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad que residen en ella de manera permanente, no sólo con respecto a sus derechos humanos universales, sino también con respecto a derechos de ciudadanía más específicos en la sociedad en la que residen.
La existencia de los derechos inherentes a la ciudadanía implica siempre una llamada dirigida a las autoridades políticas que pueden hacer efectivos dichos derechos. Para los derechos universales, estas instituciones no pueden ser sólo las de los Estados soberanos individualmente considerados. La efectividad de los derechos humanos necesita claramente instrumentos más sólidos de Derecho internacional y un poder judicial internacional que garantice la jurisdiccionabilidad de tales derechos. En la estructura política global, tales instituciones se encuentran actualmente situadas a nivel de la comunidad internacional de Estados.
Los individuos, por su parte, gozan de un reconocimiento cada vez mayor de su condición de sujetos de Derecho internacional, precisamente en la medida en que pueden exigir internacionalmente el reconocimiento de los derechos que los Estados se han obligado a respetar. Es el lugar que ocupa el individuo en el orden jurídico internacional el que permite afirmar el desarrollo de una ciudadanía universal definida por el disfrute de los derechos fundamentales básicos. M. T. G.

Tipo de comercio que posibilita el acceso de los productores pobres del Tercer Mundo a los mercados de los países ricos, se basa en unas relaciones de equidad y solidaridad, y se orienta a la reducción de la pobreza.
Los orígenes del comercio justo se encuentran en los años 60, con las worldshops (tiendas del mundo), que surgen primero en Holanda y posteriormente en otros países. Su aparición es impulsada por diversas organizaciones sociales, por entender que las desiguales relaciones comerciales Norte-Sur son una de las principales causas del subdesarrollo y de la pobreza. Se trata, por tanto, de una experiencia que parte de la creciente sensibilidad de aquella década con relación a la necesidad de unas relaciones comerciales más justas e igualitarias, expresada también en el marco de Naciones Unidas en su Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Ginebra en 1964.
La expansión de esta iniciativa va dando lugar posteriormente a la conformación de diversas redes de organizaciones implicadas. En 1989, las Organizaciones de Comercio Alternativo (OCAS) crean la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT), que agrupa a productores del Sur y a OCAS del Norte. En 1990 nace una organización propia de las OCAS europeas, la Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA), y posteriormente la Red de Tiendas del Mundo Europeas (NEWS).
En este proceso, algunas ONG van evolucionando hasta convertirse en unas empresas atípicas, ya que, si bien operan en el mercado, priman en el proceso productivo unos valores éticos y apelan especialmente a la responsabilidad ética del consumidor. En 1989 apareció en Holanda la primera etiqueta de calidad sobre el café de comercio justo, denominada Max Havelaar. Otros sellos del comercio justo son Transfair (presente en Alemania, Austria, Luxemburgo, Japón, Canadá e Italia) y Fairtrade Mark (Inglaterra).
El objetivo del comercio justo es reducir la pobreza de los países del Sur a través de unas relaciones de producción y comercio que posibiliten el acceso a los mercados del Norte a campesinos y otros productores pobres del Sur, que, de lo contrario, suelen verse excluidos o marginados de los mismos.
El rasgo característico del comercio justo es la igualdad y el respeto que rigen las relaciones entre los productores del Sur, las tiendas de comercio justo, quienes realizan las importaciones y los consumidores del Norte. Todos estos sujetos hacen suyos los criterios que rigen las relaciones del comercio justo, orientados a favor de los derechos humanos, el desarrollo sostenible de las comunidades, la participación democrática y la igualdad de género (ver género, igualdad de). Tales criterios son los siguientes: a) condiciones de trabajo dignas y salarios adecuados y regulares; b) ausencia de explotación infantil; c) Igualdad entre hombres y mujeres; d) funcionamiento democrático; e) relación comercial a largo plazo; f) pago de una parte del precio por adelantado (40-50%) para que los productores no se endeuden; g) destino por los productores de parte de sus beneficios a las necesidades básicas de sus comunidades; h) respeto por el medio ambiente; i) respeto por las culturas indígenas; calidad de los productos; k) información al consumidor.
El volumen de facturación del comercio justo, aunque relativamente modesto, ha aumentado con el tiempo. A finales de los 90, los miembros de la EFTA importaban productos de unas 800 organizaciones de productores en 45 países del Sur, que agrupaban a unas 800.000 familias, lo que representa unos 5 millones de personas. En el Estado español las ventas han crecido notablemente año a año, pasando por ejemplo de los 200 millones de pesetas en 1994 a casi 700 millones en 1997.
Las organizaciones de comercio justo han formulado a la Unión Europea diferentes propuestas con objeto de alentar unas prácticas comerciales más justas, entre las que destacamos las siguientes:
a) Promoción del comercio justo: trato preferencial para los productos de comercio justo; apoyo concertado al comercio justo por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros; reconocimiento de las marcas de comercio justo.
b) Promoción del comercio y desarrollo sostenible entre el Sur y el Norte: comercio justo y política de desarrollo; supresión de los obstáculos a las importaciones; representación de los productores de comercio justo en los organismos internacionales.
c) Consolidación de los mercados de las materias primas: respeto de las materias primas frente a los sucedáneos en la producción; acuerdo europeo del café.

En defensa de estas propuestas, las ONG involucradas vienen intentando incrementar su coordinación mediante la creación de diversas redes, que impliquen también a organizaciones del Sur. Por otro lado, una de sus actividades principales a favor del comercio justo consiste en las campañas de sensibilización social y de presión política, tanto en el ámbito local como en el internacional. Entre tales campañas, algunas de las más destacadas han tenido por objeto el trabajo infantil (en la confección de alfombras orientales), las multinacionales de calzado deportivo, la fabricación de juguetes, o los sucedáneos de leche materna de la empresa Nestlé. M. E.

La cooperación bilateral es aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores, sean éstos los gobiernos de los países receptores u otras organizaciones. La cooperación multilateral es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes.
Según el Glosario del CAD, se consideran agencias multilaterales aquellas instituciones formadas por gobiernos de países que dirigen sus actividades de forma total o significativa a favor del desarrollo y de la ayuda a los países receptores. Se considera que una contribución de un país miembro del CAD es multilateral cuando esa contribución se junta a la de otros países y su desembolso se efectúa a criterio de la agencia internacional.
Los programas multilaterales resultan, en principio, más adecuados que los bilaterales para resolver muchos de los problemas del desarrollo, especialmente cuando éstos no pueden solucionarse dentro de los límites de un país y tienen sus raíces en procesos que atraviesan los Estados. Sin embargo, dado que los programas multilaterales entrañan la pérdida del control por parte de los gobiernos de destino de la ayuda, los gobiernos donantes presentan reticencias para aumentar sus cuotas a los mismos. Así se explica que la cooperación bilateral haya supuesto en las primeras décadas de la posguerra un promedio cercano al 80% del total del financiamiento público, mientras que sólo el 20% restante correspondía a la cooperación multilateral. En las últimas décadas se ha producido un cierto repunte de la cooperación multilateral sobre la bilateral y los porcentajes recientes oscilan alrededor del 70% para la bilateral y el 30% para la multilateral. Dentro de estos promedios, hay que destacar un grupo de países como Irlanda (50%), Italia y Dinamarca (44%) y Reino Unido (más del 40%), que se caracterizan por la importancia de su cuota dedicada a la cooperación multilateral. En el caso español, el porcentaje destinado a tal ayuda ha oscilado en los últimos años en torno al 40%.

Aunque la cooperación bilateral haya sido cuantitativamente la fuente más importante de recursos de la cooperación al desarrollo, lo cierto es que la cooperación multilateral ha desempeñado un papel emblemático en los temas del desarrollo. El desarrollo como uno de los objetivos prioritarios para conseguir la convivencia pacífica internacional se incorporó en la propia Carta de las Naciones Unidas, que incluía el compromiso de poner en marcha la maquinaria internacional para promover la mejora económica y social de todos los pueblos. El reconocimiento de la dimensión internacional implicaba plantear que la resolución del problema del desarrollo exigía la puesta en marcha de instrumentos multilaterales. Sin embargo, a pesar de las declaraciones, los países desarrollados fueron muy reticentes a asignar esa tarea al sistema de las Naciones Unidas y, salvo los organismos financieros del Banco Mundial y del FMI (Fondo Monetario Internacional), la operatividad de los mecanismos multilaterales siempre anduvo a la zaga de los bilaterales.
Además del entramado de las Naciones Unidas, que ha constituido durante mucho tiempo el paradigma de la cooperación multilateral, hay que considerar desde los años 70 la cooperación multilateral realizada desde el seno de las instituciones comunitarias europeas. Por otra parte, durante varias décadas la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), formado por los países europeos socialistas y la URSS, tuvieron importantes programas de cooperación al desarrollo que evidentemente deben incluirse dentro de este apartado. La desaparición del bloque socialista implicó la desaparición del CAME, y la caída de los precios del petróleo en los 90 supuso una muy fuerte reducción de los programas de la cooperación de la OPEP. En consecuencia, en la actualidad la cooperación multilateral se concentra en dos grandes instituciones: el sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea. A. D.

En un sentido estricto, consiste en la cooperación realizada por las administraciones subestatales (gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos). En un sentido amplio, se trata de un nuevo enfoque de la cooperación caracterizado por la descentralización de iniciativas y de la relación con el Sur, por la incorporación de una amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil, y por una mayor participación de los actores de los países del Tercer Mundo en su propio desarrollo.
La cooperación descentralizada ha surgido a lo largo de los años 90 como reacción frente a las limitaciones del enfoque excesivamente centralista y vertical con que se había concebido hasta entonces la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Pero es necesario precisar a qué se hace referencia cuando se utiliza la expresión “cooperación descentralizada”, ya que existen dos acepciones bastante diferenciadas, si bien ambas tienen en común su preocupación por la participación de nuevos agentes en la actividad de la cooperación para el desarrollo. La más amplia responde a la propuesta de nuevas formas de cooperación, mientras que la más restrictiva hace referencia al papel que desempeñan en la cooperación las instituciones locales, autonómicas o regionales de los países donantes.
La aparición de la cooperación descentralizada es la respuesta a las nuevas realidades de las sociedades. La descentralización y la democratización son dos procesos que se encuentran en marcha en la mayoría de los países, lo que implica la emergencia de nuevos agentes descentralizados en los países en desarrollo, representativos de la sociedad civil. Ello supone la aparición de una nueva fuerza capaz de realizar propuestas para el desarrollo y con capacidad de acción para ejecutarlas. Entre esos agentes se encuentran los sindicatos, las comunidades locales, las agrupaciones de productores, las asociaciones vecinales, etc.
Por una parte, la crisis del Estado, la liberalización de las economías y los procesos de descentralización; por otra parte, la cada vez mayor fuerza de los enfoques participativos a la hora de pensar la cooperación al desarrollo, el impulso de la democratización y de la vigencia de los derechos humanos como bases de la construcción de la sociedad y la necesidad de favorecer lo local como base de una inserción positiva en el proceso de globalización, forman un conjunto de factores que propician el creciente protagonismo de la sociedad civil y estimulan la búsqueda de nuevas bases de trabajo entre la sociedad civil y el Estado.
Así, la cooperación descentralizada, en su sentido amplio, que propugna la Unión Europea, se propone fomentar el papel participativo y activo de los agentes locales de los países del Sur y establecer nuevas relaciones de asociación desde las ONG del Norte. Es importante destacar la doble vertiente desde la que se plantea la cooperación descentralizada: a) por un lado, la existencia de un nuevo espacio para los agentes locales de las sociedades en desarrollo, a los que se reconoce un mayor protagonismo y responsabilidad en las tareas del desarrollo; b) por el otro, un replanteamiento del papel de los agentes de cooperación en las sociedades de los países donantes, que deben preguntarse hasta dónde y cómo deben modificar su comportamiento para responder mejor al reto de reforzar e impulsar el protagonismo de los primeros.
La propuesta de la cooperación descentralizada pretende que las organizaciones no gubernamentales, las administraciones públicas descentralizadas, las asociaciones de profesionales, rurales o urbanas, las cooperativas, las empresas, los sindicatos, las universidades y, en general, todas las fuerzas vivas de la sociedad participen en el desarrollo social y económico de los países en desarrollo. En ese sentido la convocatoria es tanto para los agentes de las sociedades del Norte como para las del Sur.
Esta concepción de la cooperación descentralizada guarda una estrecha relación con las propuestas de potenciar la sociedad civil y otorgar a ésta un papel más protagonista en el desarrollo. Desde esta perspectiva, si bien incluye la ampliación de los agentes, tanta o mayor importancia tienen las modalidades con que esos agentes se relacionan. La cooperación descentralizada pretende establecer nuevas formas de interrelación, donde se conjuguen el sector público y el privado, los agentes económicos, políticos y sociales, las organizaciones de los países del Norte con las del Sur para un desarrollo más equitativo.
La cooperación descentralizada no pretende ser sin más un instrumento novedoso que se añade a los que ya se utilizan, sino un planteamiento distinto, un nuevo enfoque, complementario de las formas tradicionales de concepción y práctica de la cooperación. Supone una reconsideración del tradicional papel de intermediación de las ONGD, que deben repensar su forma de actuar ante el hecho de la presencia de nuevos agentes tanto en el Norte como en el Sur y ante un mayor protagonismo de éstos en las propuestas y realizaciones de la cooperación. Las palabras clave del nuevo enfoque son: pluralismo institucional, desarrollo participativo y descentralización.
1) El concepto de cooperación descentralizada de la Unión Europea
Fue la IV Convención de Lomé quien introdujo la propuesta de la cooperación descentralizada, que refleja la nueva orientación del papel del Estado, el protagonismo que deben adquirir los grupos y personas afectadas, y el compromiso más activo de la sociedad civil en el desarrollo. En su concepción inicial, la Comisión Europea definía así esta modalidad de cooperación: un nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos de representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de población interesados, tomando en consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo (D.G. VIII, 1992). Pero la realidad es que su puesta en práctica no ha tenido el desarrollo que podría esperarse.
El concepto de cooperación descentralizada aparece en los artículos 20 a 22 del Convenio de Lomé IV y se hace mención a ella en la mayoría de los programas indicativos nacionales que elabora cada país para establecer las prioridades de su cooperación al desarrollo. Posteriormente, se fue incluyendo progresivamente la cooperación descentralizada en los acuerdos que se mantienen con otras regiones. En 1993 se creó la línea presupuestaria B7-5077 para la cooperación descentralizada destinada a todos los países en desarrollo, con el objetivo de impulsar esta modalidad. A partir de entonces se inician los primeros programas de cooperación descentralizada en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Actualmente la Comisión Europea dispone de dos fuentes de financiación para las actividades de cooperación descentralizada: la línea presupuestaria y los fondos de desarrollo (es decir, los programas indicativos nacionales contemplados en los Acuerdos de Lomé para los países ACP, los programas MEDA para los países mediterráneos y los programas ALA para los países de Asia y América Latina).
2) El concepto restringido
La cooperación descentralizada, tal como utilizan esta expresión las administraciones estatales, hace referencia a una concepción más restringida, que se limita a considerar las actividades de cooperación que llevan a cabo las administraciones territoriales distintas del Estado, en el caso español concretamente las Comunidades Autónomas y el conjunto de entidades locales. Este tipo de cooperación al desarrollo se inscribe dentro del marco general de la cooperación descentralizada, pero evidentemente sólo comprende una parte de las distintas dimensiones que se proponen en el concepto amplio.
Aun dentro de este concepto restringido, resulta confusa la calificación de descentralizada, que sugiere un desgajamiento de las competencias del gobierno central a los gobiernos locales, cuando sería más correcto hablar de una cooperación no central, puesto que cada gobierno autónomo o entidad municipal decide sobre sus presupuestos de modo soberano, sin que exista la intervención del gobierno central.
La expansión de la cooperación para el desarrollo al ámbito de los entes públicos locales es un fenómeno particular del Estado español dentro del contexto europeo, si se tiene en cuenta la intensidad con que se ha producido, que destaca notablemente sobre el resto de los países donantes. Se puede decir que la cooperación descentralizada se ha convertido en un rasgo característico y diferencial de la AOD española. La introducción de la cooperación internacional en los entes locales surgió en el Estado español a principios de la década de los 80, a raíz de los primeros hermanamientos de municipios españoles con otros de América Latina y de la República Saharaui Democrática. Hasta 1994, los flujos canalizados por estas vías no representaban una cuota significativa, pero desde esa fecha se han incrementado notablemente y el volumen de los flujos que maneja supera actualmente el 10% del total de la AOD.
Aunque la cooperación descentralizada tiene otras especificidades, el rasgo diferencial más relevante y su mayor ventaja comparativa con respecto a la cooperación central es su mayor cercanía a la ciudadanía. Además, su mayor libertad y autonomía respecto de las obligaciones y compromisos en cuanto a política exterior y relaciones internacionales permite a las administraciones autonómicas o locales establecer estrategias de cooperación centradas en el cumplimiento del objetivo del desarrollo de los pueblos más pobres y de la solidaridad entre los pueblos. El modo habitual de ejecutar los presupuestos de la cooperación descentralizada es a través de las organizaciones no gubernamentales, ya que alrededor del 85% de estos fondos se canalizan a través de ellas. Hay que señalar que la inmensa mayoría de la cooperación descentralizada se realiza de forma gratuita, sin cargas para los receptores.
Su acercamiento a la sociedad y el hecho de canalizar la mayor parte de sus programas a través de las ONG hacen que esta cooperación aporte calidad a la ayuda en cuanto a la búsqueda de un desarrollo humano sostenible, la sensibilización de la población y la baja vinculación a intereses políticos o comerciales. Pero, por otra parte, una crítica frecuente que se señala a esta forma de cooperación es una excesiva atomización y dispersión en el destino de los recursos que impide resultados de cara al desarrollo, sobre todo en el caso de la municipal. La conciencia de este riesgo ha llevado a la creación de redes o agrupaciones entre los ayuntamientos en diversas comunidades, formando lo que se vienen denominando Fondos de Cooperación. Su papel ha sido muy importante en la mejora de la calidad de la cooperación desde los municipios, al permitir una mayor coordinación de la ayuda y, también, una gestión más eficaz. A. D

El concepto de cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, ajustada y completa, válida para todo tiempo y lugar. La cooperación al desarrollo se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes sobre el desarrollo y al sentido de corresponsabilidad de los países ricos con la situación de otros pueblos, por lo que es preciso conocer su evolución para comprender su significado en cada momento.
Un elemento fundamental para determinar el contenido de la cooperación al desarrollo es la concepción que se tenga de cuáles son las prioridades del desarrollo. Según éstas vayan cambiando, los objetivos perseguidos por la cooperación al desarrollo deben evolucionar, lo que a su vez condiciona las modalidades de cooperación. Determinar cuáles son esas prioridades y cómo se establecen es una de las cuestiones centrales. De hecho, la cooperación al desarrollo nació después de la II Guerra Mundial como consecuencia del despertar de la preocupación por el desarrollo de los países. Como se explica en el concepto dedicado al desarrollo, éste ha sido objeto de un amplio debate desde el fin de dicha guerra y no resulta fácil resumir en pocas palabras el mismo. Las ideas desarrollistas de las décadas de los 50 y 60, basadas en el crecimiento económico como objetivo central y en la confianza de un crecimiento ilimitado, hicieron de la cooperación al desarrollo un instrumento dependiente de las estrategias económicas. Los sucesivos cambios de énfasis en la concepción del desarrollo son claves para entender las modalidades de cooperación puestas en práctica.
Desde su origen, la cooperación al desarrollo quedó marcada por dos hechos clave. El primero, la existencia de la Guerra Fría, que fue decisiva para que Estados Unidos se comprometiera a aportar recursos para terceros países con el objetivo de atraerlos hacia su esfera de influencia. No se puede entender el comportamiento de la cooperación externa norteamericana sin tener como referente su rivalidad militar, política y económica con el bloque soviético. El segundo hace referencia al comportamiento de los países europeos, en los que su pasado colonial tuvo un gran peso a la hora de impulsar sus políticas oficiales de cooperación. A este respecto fue importante su cierto sentido de responsabilidad, al comprobar los muy discutibles resultados de la anterior administración metropolitana, cuando al llegar el momento de la independencia las economías de muchos de esos nuevos países eran prácticamente inviables por las carencias básicas en infraestructuras y recursos.
Esta concepción de la cooperación al desarrollo, dominada por los países donantes, no se caracterizó por la igualdad y la colaboración mutua, sino que fue entendida más como una iniciativa voluntaria y generosa de éstos que como una obligación hacia los receptores. La idea de donación implica la no obligatoriedad y establece una posición de inferioridad por parte de quien recibe, al que no concede derecho alguno a reclamar, y sólo le queda esperar que el donante decida cuándo y cómo exprese su voluntad de dar. La carencia de una colaboración real entre los países donantes y receptores adquiere todo su significado en la existencia y funcionamiento de diversas formas de condicionalidad de la ayuda, que han formado parte sustancial de la cooperación.
1) Cooperación al desarrollo en la coyuntura actual
Al terminar la década de los 90, existe un consenso sobre la necesidad de revisar los esquemas de la cooperación al desarrollo. Esto no supone una novedad, ya que históricamente la cooperación se caracteriza por su permanente adaptación a las condiciones cambiantes. Lo que sí resulta novedoso en relación con anteriores momentos es que lo que ahora es cuestionado por muchos no se limita a las formas o mecanismos de la cooperación, sino que llegan a plantear su misma razón de existir.
Las razones de este declive de la cooperación responden a varios procesos. Por un lado, los factores originales que impulsaron al compromiso de la cooperación a los principales países donantes, Estados Unidos y Estados de la Unión Europea, se han debilitado o han dejado de existir. En el primero, con la inexistencia del bloque socialista desaparece su motivación más importante. En los segundos, el sentido de responsabilidad derivado de su antiguo dominio como metrópolis ha ido perdiendo fuerza y ha dejado de ser un argumento convincente.
Por otro, se ha propagado en los países donantes un sentimiento de fatiga de la cooperación, debido a lo que consideran resultados decepcionantes tras más de cuarenta años de dedicación al desarrollo. Esgrimen así el argumento de la ineficacia de la ayuda para legitimar el recorte de una partida económica significativa en un momento en que deben realizar especiales esfuerzos para equilibrar sus presupuestos.
Pero la revisión profunda que se hace de la cooperación hay que entenderla dentro de otros dos procesos: a) la quiebra del pensamiento del desarrollo, y b) el fenómeno de la globalización. En cuanto al primero, la hegemonía del neoliberalismo tiene consecuencias directas sobre las estrategias encaminadas a alcanzar el desarrollo. Dado que su pretensión es liberar al máximo las fuerzas del mercado, considera que la cooperación al desarrollo no sirve para promover los factores dinámicos del desarrollo y que, por el contrario, puede ser un elemento perjudicial por suponer una interferencia en el buen funcionamiento de los mecanismos del mercado. De acuerdo a ello, la cooperación debiera reducirse al máximo o, por lo menos, limitar su campo de actuación actual.
Unido al cambio anterior se encuentra el hecho de que la globalización tal como se conoce se ha producido bajo la hegemonía del neoliberalismo. Según esta concepción, la globalización será la fórmula más eficaz para alcanzar el desarrollo, desde la creencia de que las corrientes libres de comercio, finanzas e información producirán condiciones para el relanzamiento sostenido del crecimiento económico y, en consecuencia, del bienestar humano. La presunción dominante en las instituciones internacionales y gobiernos de la OCDE es que esta forma de construir el proceso de globalización es la que ofrece mejores perspectivas de crecimiento económico para todos los países, y que también servirá para reducir la pobreza. La globalización así entendida añade nuevos elementos para debilitar a los países en desarrollo como grupo específico a tener en cuenta, ya que pone en cuestión que éstos necesiten de una consideración especial.
Sin embargo, frente a estas percepciones optimistas de la globalización, los datos muestran una realidad menos positiva. Las tendencias de las últimas décadas, especialmente a partir de la aceleración de la globalización neoliberal, muestran la agudización de las desigualdades, la aparición de nuevos procesos de empobrecimiento y la resistencia de la pobreza a disminuir, aun cuando haya aumentado el producto bruto mundial. Además, los fracasos en las predicciones de las recientes crisis por parte de los organismos multilaterales, especialmente del FMI (Fondo Monetario Internacional), así como la falta de acierto en la resolución de problemas centrales del desarrollo, les han hecho perder legitimidad y han levantado fuertes críticas sobre sus propuestas de políticas.
La progresiva aceptación del enfoque del desarrollo humano ha abierto un nuevo debate sobre los objetivos de la cooperación al desarrollo. El cambio de énfasis en la prioridad del crecimiento a las capacidades de las personas introduce nuevas perspectivas para dinamizar la cooperación. Temas como, por ejemplo, la participación, la igualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad entre países y dentro de cada país, las libertades políticas y los derechos humanos, las instituciones globales y los bienes públicos mundiales, entre otros, muestran un horizonte amplio de cuestiones donde la cooperación al desarrollo encuentra un ámbito propio en la construcción de una sociedad internacional más justa.
2) Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): la concesionalidad
Aun cuando la cooperación al desarrollo muestre una evolución en sus objetivos e instrumentos, hay un elemento permanente que la caracteriza en todo tiempo y lugar para que pueda considerarse como tal: el factor ineludible de gratuidad, que debe incluir. No toda forma de financiación pública que tenga como objetivo el desarrollo debe considerarse siempre como cooperación al desarrollo, ya que es necesario distinguir los fondos que corresponden a la financiación oficial o pública de los que tienen la consideración explícita de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sólo deben catalogarse como cooperación propiamente dicha aquellas transferencias que cumplan con los dos siguientes requisitos: a) que tengan como objetivo el desarrollo de otros países, y b) que tengan un carácter concesional. Es decir, la financiación pública no se califica siempre como AOD, ya que en principio no tiene por qué ser gratuita. Los gobiernos o las instituciones financieras internacionales públicas suelen disponer de líneas de créditos en condiciones que suponen una carga importante para quien los recibe, igual o parecida a los créditos que otorgan los bancos privados. Así ocurre con gran parte de los préstamos que concede el Banco Mundial o el FMI. Sin embargo, una gran parte de la financiación pública, sobre todo de la bilateral, se hace en términos de concesionalidad.
Por ello, es importante determinar cuándo se entiende que la financiación pública se hace bajo unas u otras condiciones, concesionales o no, para poder calificar qué es y qué no es AOD. Los criterios para calificar el carácter concesional no pueden depender de las opiniones particulares de cada gobierno, por lo que los propios países donantes han acordado establecer los requisitos para considerar si una acción de cooperación es susceptible de catalogarse como AOD. Actualmente la definición de AOD aceptada por los países donantes más importantes del mundo es la que ofrece el CAD, Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
El CAD establece los términos que debe reunir una transferencia de recursos para considerarla como concesional. Define el nivel de concesionalidad como la medida de “blandura” de un crédito, es decir, la diferencia que existe entre las condiciones que ofrece el mercado y las condiciones que ofrece el crédito concesional. Los créditos concesionales son, pues, aquellos que ofrecen ventajas o beneficios para el prestatario –el que solicita el préstamo– si se comparan con los préstamos otorgados en condiciones de mercado.
Se entiende que un préstamo o transferencia de dinero es concesional cuando incluye por lo menos un 25% de elemento de donación o gratuidad. En consecuencia, todas aquellas transferencias financieras de origen público que se concedan con niveles iguales o mayores de concesionalidad, se consideran dentro de la AOD. Cualesquiera otras formas de financiar el desarrollo, por muy positivas que puedan resultar para el país receptor, deben diferenciarse de las propiamente consideradas como AOD.
Dentro de la AOD se suelen distinguir cuatro grandes grupos según su contenido: cooperación financiera, cooperación técnica, ayuda alimentaria y ayuda humanitaria (ver acción humanitaria: concepto y evolución). Aunque las ayudas técnica y humanitaria han aumentado su peso relativo en los últimos años, la cooperación financiera continúa siendo el capítulo más importante, alcanzando casi las tres cuartas partes del total. Dentro del marco de las modalidades de la AOD cabe destacar aquellas en que los fondos públicos sirven para cofinanciar acciones de cooperación de otros agentes. Tradicionalmente, las ONG, Organizaciones No Gubernamentales, han sido los principales receptores, pero últimamente los programas de AOD incluyen también a otros actores y organizaciones, lo que ha estimulado mecanismos como la cooperación empresarial o la cooperación universitaria. A. D.